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Los Ojos Apagados de Rufo
Original price was: S/104.16.S/66.92Current price is: S/66.92.Add to cartEl artículo 53 de la Carta Magna que garantiza el derecho a protestar pacíficamente y sin permiso previo ha sido letra muerte durante la gestión del narco dictador Nicolás Maduro y,
[caption id="attachment_13251" align="alignright" width="252"]Los Ojos apagados de Rufo por Rodulfo Gonzalez[/caption]
por lo tanto, sus cuerpos oficiales de represión, que no de seguridad, como lo establece la ley, y los círculos del terror, han dejado una estela de muerte y lesiones graves en los ojos, el rostro espalda, manos, piernas, pecho, etc. durante las manifestaciones cívicas que en apego a la Constitución de la República ha desarrollado la ciudadanía para protestar por la falta de libertad, la debilitada calidad de vida, la escasez de alimentos y medicina y los ineficaces servicios públicos. La barbarie represiva, la impunidad, el despido laboral, carencia de gas y agua, etc.
Pero una cosa es lo que estable la Constitución en materia de manifestaciones y otra totalmente distinta, que niega ese de derecho, es la actuación de los órganos represivos de la narco dictadura, incluidos los siniestros colectivos, al satanizarlas y penetrarlas para provocar la violencia y actuar en consecuencia, con saldos generalmente trágicos que la Defensoría del Pueblo, menos todavía la ilegítima Fiscalía General de la República, investigan a los fines de aplicar las sanciones correspondientes.
En la tarde del trágico 1 de julio de 2019 el adolescente Rufo Chacón Parada, en compañía de su madre, un hermano y vecinos de la localidad de Táriba, Estado Táchira, manifestaba pacíficamente para que el régimen le suministrara el gas que se requería para cocinar los alimentos, con las únicas armas de su voz y la bombona vacía, que los funcionarios de la Policía del Estado Táchira consideraron letales y por lo tanto procedieron a agredirlo a quemarropa sobre su rostro con 52 disparos de perdigones privándolo de la visión.
El Internet se encargó de denunciar ante el mundo la terrible agresión policial contra un adolescente de 16 años, que ya había culminado sus estudios secundarios y se preparaba para obtener el respectivo título de bachiller para cursar la carrera de ingeniería de sistemas.
Las redes sociales se ocuparon igualmente de promover la búsqueda de solidaridad para Rufo y de que el caso no quedara impune como muchos otros cometidos por funcionarios de la narco dictadura con la complicidad criminal de la ilegítima Fiscalía General de la República, uno de los brazos legales del régimen para invisibilizar las tropelías oficiales contra los derechos humanos en todas sus modalidades.
Los autores materiales de la agresión fueron identificados como Javier Blanco y Henry Ramírez quienes también son señalados de golpear a otra adolescente de catorce años que también participaba en la manifestación.
Adriana Parada, la madre de Chacón, denunció que el 12 de julio, cuando asistió a los tribunales para llevar a cabo la prueba anticipada necesaria para la investigación, conoció que los funcionarios detenidos ya no se encontraban bajo la custodia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), sino que se encontraban a cargo de Politáchira, el cuerpo al que pertenecían, gozando de protección y trasladados de manera ilegal sin orden del tribunal.
Como autores intelectuales de esta salvaje agresión hemos identificado al narcodictador Nicolás Maduro, el narcogeneral Néstor Reverol, ministro del Interior, Justicia y Paz, ambos funcionarios solicitados internacionalmente por la justicia norteamericana desde el 26 de marzo de 2020.
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El asesinato de Oscar Pérez
Original price was: S/92.96.S/66.92Current price is: S/66.92.Add to cartEl 27 de junio de 2017, luego de tres meses de protestas antigubernamentales en las cuales los órganos represivos de la narco dictadura asesinaron a 93 manifestantes, Óscar Pérez, Inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, lanzó un ataque desde el helicóptero que tripulaba contra las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior, Justicia y Paz, sin herir ni matar a nadie. Una operación limpia para mostrar su descontento contra un régimen usurpador y forajido que no respeta la Constitución y ha sumido a los venezolanos, adrede, en la peor crisis humanitaria de toda la historia del país, incluyendo la etapa colonial, la guerra de independencia y las intestinas, una vez alcanzada ésta.
Producto de esa crisis son la diáspora, sin estar en un conflicto bélico convencional, fenómeno desconocido en Venezuela hasta la llegada del socialismo del siglo XXI, la demolición del signo monetario y del salario, la reaparición de enfermedades que ya habían sido erradicadas, como la difteria, la malaria y la tuberculosis, el deterioro de los servicios de salud y educación, la escasez de medicamentos y productos alimenticios, etc.
Venezuela fue el primer país del mundo en eliminar la pena de muerte, mediante un decreto emitido por el presidente de la República Juan Crisóstomo Falcón en 1863 y recogido en la Constitución de 1864 y las siguientes, incluida la de diciembre de 1999, cuyo artículo 350 fue invocado por el funcionario policial para rebelarse contra el usurpador.
Pues bien, Nicolás Maduro, quien no ha podido demostrar su ciudadanía venezolana, contrariando la Constitución que también firmó, decretó la muerte de Pérez, para él y los miembros de su Equipo considerado “terrorista” y “fascista”, pero para los sectores democráticos del país y del mundo, un Héroe, un Mártir, un Idealista que en aras de del bienestar colectivo y las libertades ciudadanas, fue capaz de sacrificar su carrera profesional, su familia y su propia vida.
Las órdenes, que no debieron cumplirse por arbitrarias y fuera de la ley, las emitió el usurpador tanto el 27 de junio, fecha de la rebelión, como en el desarrollo de la Operación Gedeón el 15 de enero de 2018 que tuvo como fatal desenlace, con el uso desmesurado de armas bélicas prohibidas universalmente para tales eventos, el asesinato de Pérez y los luchadores que lo acompañaban.
No mintió el entonces mayor Rafael Bastardo Mendoza, que hizo honor a su apellido el día del asesinato, cuando en las conversaciones que sostuvo con éste afirmó que la orden que tenía era matarlo.
Antes y durante los eventos trágicos de ese día Maduro había ordenado en cadena nacional de radio y televisión “echarle plomo parejo, compadre” a todo el que se alzara contra su gobierno. Fue un hecho público y notorio esa orden anticonstitucional, porque en Venezuela, al menos teóricamente, no existe la pena de muerte,
Fue un crimen cometido ante las miradas estupefactas de venezolanos y extranjeros, repudiado por personalidades, instituciones de defensa de los derechos humanos, medios de comunicación social, gente del pueblo, el parlamento nacional, los partidos políticos democráticos y gremios.
Ese día, conocido como la Masacre de El Junquito, la narco dictadura asesinó a un Inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con una hoja de servicio impecable, que la propaganda oficialista calificó de terrorista, entró por la puerta grande de la historia política contemporánea un mártir, un soldado del pueblo, un héroe popular que sacrificó su vida en aras de la democracia venezolana.
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La Guerra del dictador Hugo Chavez contra los Medios en el 2008
Original price was: S/52.04.S/39.06Current price is: S/39.06.Add to cartLa Guerra del Dictador Hugo Chavez: Contra Comunicadores Sociales y Medios en el 2008 por Rodulfo Gonzalez
[caption id="" align="alignright" width="221"]La Guerra del Dictador Hugo Chavez: Contra Comunicadores Sociales y Medios en el 2008 por Rodulfo Gonzalez[/caption]
Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional han socavado la libertad de expresión a través de diversas medidas destinadas a influir en el control de los medios y en el contenido de su programación.
Igualmente han ampliado y endurecido las sanciones por delitos que penalizan el ejercicio de la libertad de expresión, han implementado una ley sobre difusión de radio y televisión que permite la suspensión arbitraria de canales sobre la base de una definición amplia de “incitación”, han limitado el acceso a información pública, y han abusado del control gubernamental de las frecuencias radioeléctricas para castigar a canales que emiten una programación abiertamente crítica.
A estos señalamientos hay que añadir el informe del Relator Especial de la Organización de Estados Americanos donde se denuncia la utilización recurrente de procesos penales contra periodistas por desacato, difamación, calumnia o injuria.
En 2008, Venezuela presenció además de la muerte de Gerges, la del periodista Dimas Medina, colaborador de El Nacional, hecho ocurrido en Barinas.
Según Andrés Cañizalez, representante de RSF en Caracas, también hubo 17 hechos de agresión física o verbal por parte de uniformados militares o policiales, y otros 9 casos de agresiones protagonizadas por personas simpatizantes del gobierno.
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La Guerra del dictador Hugo Chavez contra los Medios en el 2004
Original price was: S/52.04.S/39.06Current price is: S/39.06.Add to cartLa Guerra del Dictador Hugo Chavez: Contra Comunicadores Sociales y Medios en el 2004 por Rodulfo Gonzalez
[caption id="" align="alignright" width="278"]La Guerra del Dictador Hugo Chavez: Contra Comunicadores Sociales y Medios en el 2004 por Rodulfo Gonzalez[/caption]
El informe presentado por Espacio Público reveló que en 2004 se produjeron 1.112 agresiones contra los comunicadores sociales y medios discriminadas así:
– Enero: 47
– Febrero:49
– Marzo: 55
– Abril: 64
– Mayo: 65
– Junio: 74
– Julio: 79
– Agosto: 94
– Septiembre: 120
– Octubre: 136
– Noviembre: 159
– Diciembre: 170
De las 54 agresiones a periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, de los cuales, en 15 eventos, la responsabilidad corresponde a agentes estatales y 39 resultaron ser responsabilidad de particulares.
Espacio Público determinó que “se observaron diversas circunstancias” y “Algunos comunicadores resultaron afectados al quedar atrapados en medio de enfrentamientos, o recibir impactos de perdigones, o ser afectados por los efectos de gases lacrimógenos lanzados por autoridades del orden público que trataban de controlar los brotes de violencia”.
Empero, “En otros casos, se observó agresiones por parte de particulares, o de miembros de cuerpos policiales, o de la Fuerza Armada Nacional, que iban dirigidas de forma directa a los comunicadores”.
Ese año el Instituto Prensa y Sociedad registró muchas de las tropelías cometidas por las fuerzas de seguridad del país, especialmente la Guardia Nacional, contra los comunicadores sociales, a quienes no solamente les ha impedido brutalmente el ejercicio de la profesión sino agredido física y verbalmente y despojado de sus herramientas de trabajo, las cuales muchas veces han destruido u obligado a los camarógrafos o reporteros gráficos a borrar las tomas bajo amenaza.
Pero vendrían tiempos peores para el ejercicio del periodismo en Venezuela.
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La Guerra del dictador Hugo Chavez contra los Medios en el 2005
Original price was: S/52.04.S/39.06Current price is: S/39.06.Add to cartHasta octubre de ese año hubo 71 ataques a los medios y 27 agresiones a periodistas. La dictadura se hizo de otras emisoras radiales de particulares para consolidar su hegemonía comunicacional.
[caption id="" align="alignright" width="303"]La Guerra del Dictador Hugo Chavez: Contra Comunicadores Sociales y Medios en el 2005 por Rodulfo Gonzalez[/caption]
El dictador Hugo Chavez no sólo agredió verbalmente a los medios independientes venezolanos sino también de otros países.
Para él, el periodismo independiente es oligarca y para el presidente de Venezolana de Televisión, enemigo.
La reforma del Código Penal y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión incrementaron la censura y la autocensura.
A varios periodistas se les abrió juicio en los tribunales.
El Seniat y la Conatel se ensañaron contra los medios impresos y televisivos.
Venezuela pasó a ser el país de mayor censura en el mundo. Las organizaciones internacionales como la SIP y la AIR mostraron su preocupación por la ausencia de libertad de prensa y expresión en el país.
Fueron constantes las intimidaciones y hostigamientos contra los comunicadores sociales y medios.
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