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Tag: Hugo Chavez

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  • Las cenizas del Ejército Libertador de Juan Rodulfo

    [caption id="attachment_10882" align="alignright" width="318"]Las cenizas del Ejército Libertador de Juan Rodulfo Las cenizas del Ejército Libertador de Juan Rodulfo[/caption]

    El partidismo de la Fuerza Armada ha sido refrendado desde el Tribunal Supremo de Justicia por la Sentencia 651 del 11 de junio de 2014, la cual valida la intervención de sus integrantes en actos políticos del PSUV: “la participación de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en actos con fines políticos no constituye un menoscabo a su profesionalidad, sino un baluarte de participación democrática y protagónica”.

    La participación política de los militares en el régimen chavista ha sido central, y por ello el papel protagónico de los militares en cargos relevantes del Gobierno, de la administración pública, en programas insignes y en el manejo de recursos estratégicos. Las dos razones que sostienen la mayor participación de los militares en el Gobierno y en las diferentes ramas del poder público partidista son la imagen de los militares como buenos administradores y la necesidad de garantizar una seguridad ampliada -económica, política y social- para preservar la revolución con la presencia militar en todos los ámbitos de la vida de la nación.

    Desde el inicio del régimen chavista se comenzó a generar una presencia masiva de militares ocupando cargos en la administración pública, como ministerios, viceministerios, despachos de la Presidencia, gobernaciones, empresas estatales y, en un conjunto, de instituciones que eran usualmente lideradas por civiles (Buttó, 2010). Esta mayor presencia llegó a proporciones nunca vistas durante el periodo de la democracia representativa, constituyéndose en expresión propia del pretorianismo y, por lo tanto, de un retroceso democrático (Irwin y Langue, 2004; Irwin, 2010; Irwin, Langue y Castillo, 2007; 2009; Irwin, Buttó y Langue, 2006; Buttó, 2010; Buttó y Olivares, 2016).

    Los gabinetes presidenciales desde Chávez han tenido una alta presencia de ministros de origen militar, lo que se ha acentuado con Maduro y particularmente con la crisis, hasta llegar a 38% en julio 2017, donde aproximadamente un 40% del gabinete de gobierno es de origen militar.

    Los militares, activos o en retiro, se encargan de la orientación y la toma de decisiones de carteras estratégicas para el proyecto político como el despacho de la Presidencia o ministerios como los de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el de Alimentación, de Producción Agrícola y Tierras, el de Vivienda y el de Hábitat y de Energía, entre otros, además de los tradicionales como los de Defensa y de Fronteras.

    El Ejército que conocí, por supuesto el del Siglo XX, con sus deficiencias y fortalezas, contaba con Instituciones Académicas de Alto Nivel, como las Academias de Formación de Oficiales, el IUPFAN, la Escuela de Idiomas del Ejército y la Fuerza Aérea, las Escuelas de Estado Mayor y el IAEDEN, donde el personal se podía desarrollar en la carrera militar. Adicionalmente existía la oportunidad de intercambiar con Escuelas Militares de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

    No era perfecto, debido a la proliferación de grupos de poder antagónicos, la corrupción y la falta de interés de sus líderes y los gobiernos de turno, en mantener la calidad y el profesionalismo dentro de la Institución, razón entre otras por las que pedí mi pase a retiro, con apenas 7 años de servicio y luego de haber alcanzado el grado de Teniente.

    No era perfecto, repito, pero tampoco era la burla de la sociedad y las naciones del mundo.

     

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  • Los Indígenas en el Socialismo del Siglo XXI de Rodulfo Gonzalez

    [caption id="attachment_394205" align="alignright" width="273"]Los Indígenas en el Socialismo del Siglo XXI de Rodulfo Gonzalez Los Indígenas en el Socialismo del Siglo XXI de Rodulfo Gonzalez[/caption]

    El Capítulo VIII de la Constitución, constante de ocho artículos que van del 119 al 126, garantiza el derecho de nuestros indígenas a existir como pueblos y comunidades, organización social y económica, cultura, usos y costumbres, así como idiomas y religiones.

    Además, el 8 de diciembre de 2005 la Asamblea Nacional, presidida por Nicolás Maduro aprobó, firmó y selló la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Por otro lado, el 8 enero de 2007 el teniente coronel (r) Hugo Chávez creó un Ministerio para los Pueblos Indígenas con el fin de proteger a los más de 40 pueblos originarios existentes en el país. De igual modo, la fiscalía general de la República, mediante directiva número 0012, del 21 de julio de 2016, estableció los lineamientos sobre asuntos relacionados con la competencia de la jurisdicción especial indígena. Sin embargo, esa estructura legal y burocrática, muy al contrario de lo afirmado por la titular de ese despacho en enero de 2020, Aloha Núñez, en modo alguno ha servido a los fines en ella expuesta, porque nuestros aborígenes práctica mente están desamparados en materia social, sanitaria, ambiental, cultural, etc.

    En julio de ese año, por arbitraria decisión del Consejo Nacional Electoral, se les privó del derecho a elegir a sus representantes ante el parlamento como lo contempla la Constitución, es decir, mediante el voto secreto y directo. Lo insólito de ese atropello contra los derechos políticos de los pueblos indígenas es que se haya aprobado por unanimidad. En el socialismo del siglo XXI, las condiciones de los pueblos originarios han empeorado a términos solo comparables a la era colonial. Nuestros indígenas son despojados de sus tierras, en zonas mineras, por militares de las Fuerzas Armadas en contubernio con bandas delictivas, son asesinados tanto por estos como por grupos irregulares colombianos, son sometidos a esclavitud, son perseguidos inclusive en territorio brasileño y son excluidos de programas de atención alimentaria y sanitaria causando altos grados de mortalidad, desnutrición, etc.

    Uno de los caciques de los tiempos coloniales, Guaicaipuro, ha sido convertido en símbolo del chavismo, al extremo de que sus presuntos restos reposan en el Panteón Nacional, identifica a uno de los programas de dádivas del régimen y sustituyó a Francisco Fajardo, hijo de una cacica margariteña como denominación de una importante avenida caraqueña, que el pueblo igualmente sigue llamando por su nombre original. Podría pensar un lector desprevenido que la abundancia de leyes y burocracia para favorecer a los pueblos originarios se traduce en bienestar y progreso para ellos.

    No es así, como trataré de demostrarlo en esta monografía digital, llamada así porque toda su fuente documental proviene de la Web, constantemente actualizada sobre cualquier tema.

     

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  • Morir en el Socialismo del Siglo XXI Tomo V por Rodulfo Gonzalez

    Morir en el Socialismo del Siglo XXI Tomo V por Rodulfo GonzalezInsistiremos en este trabajo hasta el cansancio que la pena de muerte fue abolida legalmente en 1863 por el presidente Juan Crisóstomo Falcón. Ninguna Constitución, ni siquiera la chavista del 15 de diciembre 1999 la restableció; sin embargo, ello no es óbice para que los cuerpos de exterminio tanto del dictador teniente coronel (r) Hugo Chávez, como del narcodictador Nicolás Maduro, asesinen a mansalva, bajo el silencio cómplice del mal llamado defensor del pueblo y del Ministerio Público, a millares de venezolanos, especialmente de los sectores populares, que alguna vez fueron bastiones del chavismo, simulando resistencia a la autoridad.
    La ejecución extrajudicial es un caso de violación a los derechos humanos que consiste en el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen, sin pasar por ningún proceso judicial y pertenece al género de los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario.
    En los trece años que duró la guerra de independencia hubo en Venezuela al menos 200 mil muertes de ambos bandos. La guerra desatada contra el pueblo por el castro-chavismo-madurismo-militarismo para permanecer atornillado al poder, entre 1999 y 2018 dejó un saldo siniestro de 336.029 muertes, según el informe presentado al país el 30 de abril de 2019. Vale decir que en esos dos decenios 40 personas perdieron la vida cada día por los cuerpos de exterminios de los dictadores Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
    Según escribió la periodista Luisa Quintero, de TalCual, el 9 de marzo de 2021, “Ni la pandemia detuvo el aumento de las ejecuciones extrajudiciales en 2020, según un informe de PROVEA y el Centro Gumilla”, recordando que “Esta grave violación a los derechos humanos ha sido denunciada por la Alta Comisionada Michelle Bachelet y forma parte de los delitos por los cuales es investigado Nicolás Maduro ante la CPI”.La fuente añadió:
    -El Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y el Centro Gumilla denunciaron que en todo el país se registraron 2.853 ejecuciones extrajudiciales durante 2020, uno de los peores registros de este delito en varios años, principalmente cometidas por la Policía Nacional Bolivariana y su Fuerza de Acciones Especiales (PNB – FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y las policías estadales.

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  • Morir en el Socialismo del Siglo XXI Tomo IV por Rodulfo Gonzalez

    Morir en el Socialismo del Siglo XXI Tomo IV por Rodulfo GonzalezNingún venezolano debería ser asesinado por participar en una manifestación contra la violación de los derechos humanos por parte de los entes que irregularmente detenten el poder o de naturaleza reivindicativa, social, escasez de alimentos, gas, gasolina, diésel y medicinas, brutalidad policial y castrense, malos servicios públicos, etc.

    El artículo 68 de la Constitución Nacional es claro y preciso al respecto: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.

    No resulta ocioso asegurar que las manifestaciones de los sectores democráticos son pacíficas hasta el momento en que llegan las mal llamadas fuerzas de seguridad a disparar a diestra y siniestra contra los protestantes, al inicio o al final de ellas. Esos funcionarios, pagados con el dinero de todos los venezolanos, muchas veces se retiran del lugar cuando llegan los colectivos del terror a asesinar, a maltratar, a ofender y amenazar a quienes disienten de la narcodictadura. En ocasiones trabajan con esos criminales, pagados también con dinero público, al servicio del régimen y del Partido Socialista Unido de Venezuela.

    Entre el 12 de febrero, inicio de las protestas contra la narcodictadura y el 29 de mayo de 2014, fallecieron 43 personas.

    Algunos colectivos actuaron violentamente en contra de la oposición sin que las fuerzas del gobierno tomaran medida alguna para impedir esa violencia.

    Se denunció el uso de armas de fuego por parte de autoridades para controlar manifestaciones, por estar prohibido por el artículo 68 de la Constitución Nacional, el cual reza: “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.

    Amnistía Internacional denunció haber recibido reportes del uso de “balas de goma y gas lacrimógeno disparados en forma directa contra los manifestantes a corta distancia y sin advertencia” y que “estas prácticas violan los estándares internacionales y han resultado en la muerte de por lo menos un manifestante.

    La organización también expresó preocupación por “el uso de químicos tóxicos en altas concentraciones por parte de fuerzas del gobierno”.

    Ha privado la impunidad en la mayoría de los asesinatos.

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  • Morir en el Socialismo del Siglo XXI Tomo I – Marzo 11, 2021

    Morir en el Socialismo del Siglo XXI: Tomo I por Rodulfo GonzalezEl Estado, conforme a la Constitución, es el garante de la vida de toda persona, independientemente de su condición social, política, cultural, religiosa, racial, etc.

    En efecto, su artículo 43 consagra el derecho a la vida como derecho humano inviolable. Además, el artículo 55 señala; “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”.

    Por otro lado, afirma: “Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley”.

    Igualmente establece que “los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna”.

    El artículo 83 de la Carta Magna declara que “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida”. En consecuencia, “El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios.

    La Constitución también garantiza el derecho a la alimentación en el artículo 305, pero con un menú alimenticio rico en proteínas animales y vegetales, inexistente en las cajas CLAP que contienen harina de maíz precocida, harina de trigo pasta, aceite, lentejas, arroz, productos de mala calidad e insuficientes para que el sector de la población que los adquiere pueda alimentarse adecuadamente.

    En cuanto el derecho a la manifestación, el artículo 68 es claro y preciso al respecto: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.

    Sobre la misma materia, el artículo 36 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones precisa: “Todos los habitantes de la república tienen derecho de reunirse en lugares públicos o de manifestar, sin más limitaciones que las que establezcan las leyes” y el 38 obliga a “Los organizadores de reuniones públicas o manifestaciones” a “participarlo con veinticuatro horas de participación, cuando menos, por escrito duplicado, en horas hábiles, a la primera autoridad civil de la jurisdicción con indicación del lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persigue”.

    En lo que respecta al trato a los privados de libertad, el artículo 272 señala explícitamente: “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto de sus derechos humanos”.

    Y en cuanto a lo tocante a la tortura en los establecimientos penitenciarios, el artículo 46 de la Constitución es bien claro: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; en consecuencia: Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

    Ninguno de estos preceptos, en la práctica, benefician a la ciudadanía porque quienes están obligados legalmente a hacerlos cumplir actúan más como funcionarios de la narcodictadura, que como agentes del pueblo en la defensa de sus derechos humanos.

    En el socialismo del siglo XXI ocurre como en la película de Pedro Infante, donde la vida no vale nada.

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    Detalles del producto

    • Editorial ‏ : ‎ Aussie Trading LLC (11 Marzo 2021)
    • Idioma ‏ : ‎ Español
    • Tapa blanda ‏ : ‎ 102 páginas
    • ISBN-10 ‏ : ‎ 1088019390
    • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1088019399
    • Peso del Artículo ‏ : ‎ 5.1 onzas
    • UNSPSC-Code ‏ : ‎ 55101500
    • Dimensiones ‏ : ‎ 6 x 0.21 x 9 pulgadas

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  • Colección La Guerra del Dictador Hugo Chavez: Contra Comunicadores Sociales y Medios por Rodulfo González

    [caption id="attachment_11490" align="aligncenter" width="712"]Colección La Guerra del Dictador Hugo Chavez: Contra Comunicadores Sociales y Medios de Rodulfo Gonzalez Colección La Guerra del Dictador Hugo Chavez: Contra Comunicadores Sociales y Medios de Rodulfo Gonzalez[/caption]

    Colección de 8 tomos publicada en el año 2018 por el Periodista Eladio Rodulfo Gonzalez que contiene las atrocidades cometidas por esta Dictadura “Cívico-Militar” en contra de los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión en Venezuela entre los años 2004 a 2012.
    Con esta Investigación y Data compilada y Publicada por este periodista, se desmantela la imagen democrática que el régimen intenta vender a través de sus medios propagandísticos a nivel nacional e internacional.
    Pretender borrar la y reescribir la Historia a su manera, es algo que acostumbran los Dictadores, pero imposible por más poder económico que puedan acumular mediante el latrocinio del Tesoro Nacional.

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  • El año 2007 fue fatal para la libertad para la libertad de expresión pues el 27 de mayo, en contra de la opinión nacional e internacional La Dictadura cerró definitivamente a la estación televisiva más antigua del país, Radio Caracas Televisión, apropiándose de los equipos de la estación.

    [caption id="" align="alignright" width="336"]La Guerra del Dictador Hugo Chavez: Contra Comunicadores Sociales y Medios en el 2007 por Rodulfo Gonzalez La Guerra del Dictador Hugo Chavez: Contra Comunicadores Sociales y Medios en el 2007 por Rodulfo Gonzalez[/caption]

    Lo propio haría después con Radio Caracas Televisión Internacional por negarse a transmitir las kilométricas y arbitrarias cadenas del Dictador Hugo Chavez.

    Las amenazas del Tribunal Inquisitorial del régimen, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, dieron luz a la autocensura en los medios audiovisuales para evitar sanciones.

    El entonces director de Telesur, Andrés Izarra, sugirió el establecimiento de la hegemonía comunicacional.

    Continuó el impedimento a los medios privados de hacerle cobertura a los eventos de la dictadura.

    Venezuela se situó entre los tres países latinoamericanos con mayores dificultades para el ejercicio del periodismo. Continuaron las agresiones verbales y físicas contra comunicadores y medios por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente la Guardia Nacional y la Policía Nacional.

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    https://youtu.be/il-JCrfigiE

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  • Chavez no fue Bolivariano, por Rodulfo Gonzalez

    [caption id="attachment_16508" align="alignright" width="210"]Chavez no fue Bolivariano por Rodulfo Gonzalez Chavez no fue Bolivariano por Rodulfo Gonzalez[/caption]

    Por sus obras los conoceréis”, afirmó san Mateo (7,15-20). Este versículo bíblico me servirá de guía para demostrar que el teniente coronel (r) Hugo Chávez Frías no fue bolivariano, sino todo lo contrario, es decir, un fanfarrón y charlatán que se valió de la figura del Padre de la Patria para engañar, en su nombre, a millares de venezolanos humildes que vieron en él al líder que los redimiría de la injusticia social, pero no fue así, ya que cuando irrumpió violentamente en la historia política contemporánea usando las armas de la República para derrocar a un presidente constitucional, acto contrario a la doctrina bolivariana, la calidad de vida del venezolano de a pie, con un precio del barril de petróleo muy bajo, era superior a la que después tendría cuando en 1999 llegó a la presidencia del país.

    Como por arte de magia, poco después de la llegada de Chávez al poder los ingresos petroleros se elevaron como nunca, pero el pueblo no se benefició de esa bonanza que le llegaba en migajas al sector de la población asociado al partido gobernante.Antes de su llegada a la Presidencia de la República los venezolanos éramos felices y no lo sabíamos. Él se propuso convertir a Venezuela en el mar de la felicidad, como Cuba. Según afirmó en TalCual Leonardo Márquez el 10 de noviembre de 2020, ese “Mar de felicidad” existe para los burócratas, pillos, corruptos y narcotraficantes”.

    Vladimir Gessen recordó en la Web que Hugo Chávez, en marzo del 2000, no mintió cuando dijo “Cuba es el mar de la felicidad. Hacia allá va Venezuela…”. Gessen agregó: -Entre él y Nicolás Maduro lo lograron. Pero ¿Qué es el mar de la felicidad de Cuba? Menos de 16 años bastaron para que los venezolanos se igualaran con las penurias de los cubanos, en persecuciones políticas, en limitaciones a las libertades, en violaciones de derechos humanos, en miseria, pobreza, escasez de medicinas, carestía de alimentos, colas interminables, carencia de bienes y de servicios públicos, en hacer colas permanentes para recibir migajas de lo que haya, en apagones eléctricos, en crisis de salud y bienestar, en fin, en alcanzar lo que para Chávez era un “mar de felicidad”…

    La muerte, en diciembre de 2012 o marzo de 2013, no le permitió ver cumplido ese anhelo, que hizo realidad su heredero, el narcodictador Nicolás Maduro.

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    [embed]https://youtu.be/EnszpcuPJPM[/embed]
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  • La Guerra del Dictador Hugo Chavez: Contra Comunicadores Sociales y Medios en el 2008 por Rodulfo Gonzalez

    [caption id="" align="alignright" width="221"]La Guerra del Dictador Hugo Chavez: Contra Comunicadores Sociales y Medios en el 2008 por Rodulfo Gonzalez La Guerra del Dictador Hugo Chavez: Contra Comunicadores Sociales y Medios en el 2008 por Rodulfo Gonzalez[/caption]

    Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional han socavado la libertad de expresión a través de diversas medidas destinadas a influir en el control de los medios y en el contenido de su programación.

    Igualmente han ampliado y endurecido las sanciones por delitos que penalizan el ejercicio de la libertad de expresión, han implementado una ley sobre difusión de radio y televisión que permite la suspensión arbitraria de canales sobre la base de una definición amplia de “incitación”, han limitado el acceso a información pública, y han abusado del control gubernamental de las frecuencias radioeléctricas para castigar a canales que emiten una programación abiertamente crítica.

    A estos señalamientos hay que añadir el informe del Relator Especial de la Organización de Estados Americanos donde se denuncia la utilización recurrente de procesos penales contra periodistas por desacato, difamación, calumnia o injuria.

    En 2008, Venezuela presenció además de la muerte de Gerges, la del periodista Dimas Medina, colaborador de El Nacional, hecho ocurrido en Barinas.

    Según Andrés Cañizalez, representante de RSF en Caracas, también hubo 17 hechos de agresión física o verbal por parte de uniformados militares o policiales, y otros 9 casos de agresiones protagonizadas por personas simpatizantes del gobierno.

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  • La Guerra del Dictador Nicolas Maduro: Contra Comunicadores Sociales y Medios en el 2015 por Rodulfo Gonzalez

    [caption id="" align="alignright" width="214"]La Guerra del Dictador Nicolas Maduro: Contra Comunicadores Sociales y Medios en el 2015 por Rodulfo Gonzalez La Guerra del Dictador Nicolas Maduro: Contra Comunicadores Sociales y Medios en el 2015 por Rodulfo Gonzalez[/caption]

    Como en años anteriores, 2015 no fue color de rosa para los comunicadores sociales y medios adversarios de la dictadura de Nicolás Maduro.

    Hubo todo tipo de agresiones tanto contra periodistas venezolanos como contra extranjeros que en diciembre vinieron a cubrir eventos electorales.

    Solamente en marzo hubo 37 violaciones a la libertad de expresión y 18 en octubre.

    Ese año, sin orden judicial, la dictadura le prohibió salir del país a 22 directivos de prensa.

    La escasez de papel ha sido drástica para casi todos los periódicos no afectos al oficialismo.

    La CONATEL bloqueó muchas páginas Web.

    El Caso Venezuela fue discutido en todas las reuniones de la Sociedad Interamericana de Prensa.

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  • La Guerra del Dictador Nicolas Maduro: Contra los Comunicadores Sociales y Medios en 2014 por Rodulfo Gonzalez

    [caption id="" align="alignright" width="244"]La Guerra del Dictador Nicolas Maduro: Contra los Comunicadores Sociales y Medios en 2014 por Rodulfo Gonzalez La Guerra del Dictador Nicolas Maduro: Contra los Comunicadores Sociales y Medios en 2014 por Rodulfo Gonzalez[/caption]

    2014 había sido hasta entonces el año de más agresiones contra los comunicadores sociales y medios desde 2002, fecha de la renuncia del dictador Hugo Chávez Frías a la presidencia de la República anunciada por el general Lucas Rondón la noche del 12A.

    Hasta el 27 de noviembre se registraron 552 violaciones a la libertad de expresión.

    Además, 351 trabajadores de los medios e infociudadanos sufrieron restricciones a su derecho a la libertad de expresión, hecho que afecta también la posibilidad de la sociedad a conocer información de interés público.

    Igualmente a la fecha salieron de circulación cinco periódicos por falta de y catorce redujeron sus páginas tuvieron reducción en su paginación.

    Ese mismo mes los medios registraron el hostigamiento del dictador Nicolás Maduro al canal de televisión Televen y la solicitud que éste hiciera a Jacqueline Faría, ministra de comunicación para que convocara una vez más a los dueños de las empresas televisivas al objeto de ponerles en claro lo que es el respeto a la Constitución y la ley.

    “Empiece por Televen”, le ordenó.

    Y desde Venezolana de Televisión, que debería ser el canal de todos los venezolanos, convertido en una herramienta del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela para agredir verbalmente a los sectores democráticos, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en su programa “Con el Mazo Dando” hostigó a varias ONG, entre ellas a Espacio Público y atacó a varios periodistas de El Nacional.

    Ese año Gastón Guisandes introdujo ante la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley de Comunicación que de haber sido aprobado habría desprofesionalizado al periodismo y eliminado el Colegio Nacional de Periodistas.

    Aparte de la censura y el hostigamiento a los comunicadores sociales y medios, se produjo el cierre de emisoras de radio por parte de la siniestra Comisión Nacional de Telecomunicaciones, acompañada de círculos del terror y la funesta Guardia Nacional.

    Vendrían peores momentos en los siguientes años para el disfrute de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

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  • La Guerra del Dictador Nicolas Maduro: Contra Comunicadores y Medios desde Enero hasta Mayo de 2018 por Rodulfo Gonzalez

    [caption id="" align="alignright" width="214"]La Guerra del Dictador Nicolas Maduro: Contra Comunicadores y Medios desde Enero hasta Mayo de 2018 por Rodulfo Gonzalez La Guerra del Dictador Nicolas Maduro: Contra Comunicadores y Medios desde Enero hasta Mayo de 2018 por Rodulfo Gonzalez[/caption]

    Como ha sido una constante desde 2013, la dictadura de Nicolás Maduro, ahora con la ilegítima “Ley del Odio” como herramienta a su disposición, arremetió contra los comunicadores sociales y medios impresos, audiovisuales y digitales con deleznable fiereza, para hacer desaparecer toda crítica al oprobioso régimen.

    Los tribunales rojos, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y el siniestro Complejo Editorial Alfredo Maneiro fueron los órganos gubernamentales que cumplieron las órdenes de enjuiciar a los periodistas que denunciaron la corrupción y otras barbaridades de la dictadura, de sacar del aire a emisoras radiales y televisivas y decretar la muerte de periódicos con larga trayectoria o convertir diarios en semanarios por falta de papel o en digitales.

    Tales medidas, posibles solamente en dictadura, han dejado sin empleo a centenares de trabajadores de la prensa y la radiodifusión y privado a la colectividad del derecho constitucional de estar informado.

    Ya lo dijo certeramente el editor presidente de El Nacional, Miguel Henrique Otero: El gobierno lo que quiere es que desaparezcan todos los medios. Y lo ha logrado a medias.

    La represión física ha estado a cargo de la Guardia Nacional, la Policía Nacional, el SEBIN y los círculos del terror que invadieron la sede de El Nacional en El Silencio, tal vez por una orden de la alcaldesa Jacqueline Farías que quiere expropiarla.

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