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  • Colección La Guerra del Dictador Hugo Chavez: Contra Comunicadores Sociales y Medios por Rodulfo González

    [caption id="attachment_11490" align="aligncenter" width="712"]Colección La Guerra del Dictador Hugo Chavez: Contra Comunicadores Sociales y Medios de Rodulfo Gonzalez Colección La Guerra del Dictador Hugo Chavez: Contra Comunicadores Sociales y Medios de Rodulfo Gonzalez[/caption]

    Colección de 8 tomos publicada en el año 2018 por el Periodista Eladio Rodulfo Gonzalez que contiene las atrocidades cometidas por esta Dictadura “Cívico-Militar” en contra de los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión en Venezuela entre los años 2004 a 2012.
    Con esta Investigación y Data compilada y Publicada por este periodista, se desmantela la imagen democrática que el régimen intenta vender a través de sus medios propagandísticos a nivel nacional e internacional.
    Pretender borrar la y reescribir la Historia a su manera, es algo que acostumbran los Dictadores, pero imposible por más poder económico que puedan acumular mediante el latrocinio del Tesoro Nacional.

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  • Morir en el Socialismo del Siglo XXI: Tomo II por Rodulfo González

    [caption id="attachment_16694" align="alignright" width="210"]Morir en el Socialismo del Siglo XXI: Tomo II por Rodulfo González Morir en el Socialismo del Siglo XXI: Tomo II por Rodulfo González[/caption]

    Venezuela ostenta entre las naciones del mundo el nada envidiable puesto número 15 en lo que respecta a femicidio, según denunció la diputada a la Asamblea Nacional Mary Mora.
    La parlamentaria explicó que los casos registrados se hacen de manera extraoficial porque la narcodictadura de Nicolás Maduro no contabiliza esos asesinatos, en cuya comisión confluyen muchas causas, entre ellas la impunidad con que actúan los victimarios por el temor de las agredidas a denunciarlos ante las oficinas que procesan los expedientes de maltratos de mujeres existentes en el país, el desconocimiento que tienen muchas de las víctimas de su existencia, porque los órganos gubernamentales competentes no desarrollan campañas informativas al respecto en los medios de comunicación social impresos radiales y televisivos, de manera continua y tampoco pone a disposición de la comunidad folletos, boletines, volantes con miras a prevenir que el maltrato se convierta en homicidio, celopatía, etc.
    Datos publicados en la Web informan: Cada 38 horas hay un femicidio en Venezuela.
    83,3% de los casos sucedieron en el hogar.44,5% de las víctimas estaba en edades comprendidas entre 22 a 42 años.

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  • El Asesinato del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo por Rodulfo González

    [caption id="attachment_16684" align="alignright" width="210"]El Asesinato del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo por Rodulfo González El Asesinato del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo por Rodulfo González[/caption]

    Aunque en Venezuela existe desde el 22 de julio de 2013 una Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, hasta el 30 de enero de 2020 los cuerpos de represión de la narcodictadura de Nicolás Maduro torturaron hasta producir su muerte a 72 prisioneros. En septiembre esa cifra debe haber ascendido, a pesar de los informes de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, quien en su exposición sobre la marcha de los derechos humanos hecha en el 45 período de sesiones del Consejo de DD.HH, que realizó el 16 de ese mes manifestó su preocupación por los “altos números” de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad y señaló que basado en un análisis de fuentes abiertas de su oficina en el país se registró 711 muertes de julio agosto de 2020 y desde enero hasta esa fecha, 2000.

    Cabe advertir que, en el referido informe de la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de determinación de los hechos sobre Venezuela, se detallan once casos en los que la misión llega a la misma conclusión: que tiene “motivos razonables para creer que se cometieron ejecuciones extrajudiciales”, principalmente en manos de la FAES, una fuerza policial que recomienda desmantelar “dado el alto número de ejecuciones extrajudiciales realizadas”.

    Irónicamente bajo este ignominioso régimen se aprobó esa ley, que hasta 2020 no se ha aplicado debido a la negligencia criminal de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo que no la han invocado ni siquiera en casos como el del Capitán de Fragata Rafael Ramón Acosta Arévalo, asesinado por funcionarios de la siniestra Dirección General de Contra Inteligencia Militar, que fue denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, a los cuales se les juzgó por una ley ordinaria.

    Al respecto, la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, sanciona con pena de hasta de 25 años a quien incurra en esta conducta.

    Para obviar la cadena de mando los tribunales han aplicado en casos de esa naturaleza debidamente comprobados, como los asesinatos por tortura del concejal Fernando Albán, que el régimen calificó de suicidio, y el del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo torturado hasta la muerte por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. A los presuntos culpables se les aplicó el Código Penal.

    Sin embargo, el informe presentado por la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, identificó como responsables de la violación de los derechos humanos de prisioneros y manifestantes al narcodictador Nicolás Maduro, sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y del Interior y Justicia, Néstor Reverol y a los directores y jefes de los cuerpos represivos.

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  • El Asesinato de Fernando Alban por Rodulfo Gonzalez

    [caption id="attachment_16659" align="alignright" width="210"]El Asesinato de Fernando Alban por Rodulfo González El Asesinato de Fernando Alban por Rodulfo González[/caption]

    El asesinato del concejal, por el Municipio Libertador, Fernando Albán, ocurrido el 8 de octubre de 2018, fue la segunda víctima de una trilogía de crímenes de lesa humanidad cometidos por la narcodictadura de Nicolás Maduro, que tuvieron relevancia nacional e internacional, la cual comenzó el 15 de enero de 2018 con el asesinato del inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Óscar Pérez, durante la siniestra Masacre de El Junquito, que ya estudié y publiqué y, finalmente, el crimen del capitán de navío Rafael Acosta Arévalo.

    Los dos últimos asesinatos tienen en común que sus muertes fueron productos de salvajes torturas nunca conocidas en Venezuela y a los autores materiales se les aplicó, al juzgarlos, el Código Penal y no La Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes surgida del seno de la Asamblea Nacional presidida por Diosdado Cabello el 4 de julio de 2013, con vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de fecha 22 del mismo mes y año.

    Por fortuna esos delitos no prescriben y llegará el momento de la aplicación justa de la ley, aunque la ineficiente Corte Penal Internacional no ha atendido las múltiples que contra la narcodictadura de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad han formulado ante ese tribunal instituciones nacionales y multilaterales. Tampoco la instancia pertinente de la Organización de Naciones Unidas, a cuyos representantes en el país se les ha acusado de incumplir sus funciones y de habituales visitas al palacio de Miraflores.

    Para el fiscal general de la narcodictadura, Tarek William Saab, la muerte del concejal Fernando Albán tuvo como causal el suicidio, tesis que esgrimió sin haberse realizado una investigación independiente, pero para familiares, copartidarios, especialistas y el ex director del temible Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, se trató de un asesinato, al ser arrojado su cuerpo al vacío desde uno de los pisos de la sede de ese cuerpo represivo en la plaza Venezuela, de Caracas.

    La ausencia del mal llamado defensor del pueblo, Alfredo Ruiz Angulo, como en todos los casos de violación de derechos humanos de los prisioneros políticos de la narcodictadura ventilados públicamente, fue notoria, lo cual no es de extrañar, porque esa ha sido la conducta adoptada por sus antecesores en el cargo, otro apéndice más del régimen.

    Luego de su detención, el 5 de octubre de 2018, apenas vivió tres días. Muerte rápida.

    Es el propósito de esta monografía visibilizar para la lectoría la mayor parte de los datos que sobre ese caso yacen almacenados en diferentes espacios virtuales de la Web.

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  • El 27 de junio de 2017, luego de tres meses de protestas antigubernamentales en las cuales los órganos represivos de la narco dictadura asesinaron a 93 manifestantes, Óscar Pérez, Inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, lanzó un ataque desde el helicóptero que tripulaba contra las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior, Justicia y Paz, sin herir ni matar a nadie. Una operación limpia para mostrar su descontento contra un régimen usurpador y forajido que no respeta la Constitución y ha sumido a los venezolanos, adrede, en la peor crisis humanitaria de toda la historia del país, incluyendo la etapa colonial, la guerra de independencia y las intestinas, una vez alcanzada ésta.

    Producto de esa crisis son la diáspora, sin estar en un conflicto bélico convencional, fenómeno desconocido en Venezuela hasta la llegada del socialismo del siglo XXI, la demolición del signo monetario y del salario, la reaparición de enfermedades que ya habían sido erradicadas, como la difteria, la malaria y la tuberculosis, el deterioro de los servicios de salud y educación, la escasez de medicamentos y productos alimenticios, etc.

    Venezuela fue el primer país del mundo en eliminar la pena de muerte, mediante un decreto emitido por el presidente de la República Juan Crisóstomo Falcón en 1863 y recogido en la Constitución de 1864 y las siguientes, incluida la de diciembre de 1999, cuyo artículo 350 fue invocado por el funcionario policial para rebelarse contra el usurpador.

    Pues bien, Nicolás Maduro, quien no ha podido demostrar su ciudadanía venezolana, contrariando la Constitución que también firmó, decretó la muerte de Pérez, para él y los miembros de su Equipo considerado “terrorista” y “fascista”, pero para los sectores democráticos del país y del mundo, un Héroe, un Mártir, un Idealista que en aras de del bienestar colectivo y las libertades ciudadanas, fue capaz de sacrificar su carrera profesional, su familia y su propia vida.

    Las órdenes, que no debieron cumplirse por arbitrarias y fuera de la ley, las emitió el usurpador tanto el 27 de junio, fecha de la rebelión, como en el desarrollo de la Operación Gedeón el 15 de enero de 2018 que tuvo como fatal desenlace, con el uso desmesurado de armas bélicas prohibidas universalmente para tales eventos, el asesinato de Pérez y los luchadores que lo acompañaban.

    No mintió el entonces mayor Rafael Bastardo Mendoza, que hizo honor a su apellido el día del asesinato, cuando en las conversaciones que sostuvo con éste afirmó que la orden que tenía era matarlo.

    Antes y durante los eventos trágicos de ese día Maduro había ordenado en cadena nacional de radio y televisión “echarle plomo parejo, compadre” a todo el que se alzara contra su gobierno. Fue un hecho público y notorio esa orden anticonstitucional, porque en Venezuela, al menos teóricamente, no existe la pena de muerte,

    Fue un crimen cometido ante las miradas estupefactas de venezolanos y extranjeros, repudiado por personalidades, instituciones de defensa de los derechos humanos, medios de comunicación social, gente del pueblo, el parlamento nacional, los partidos políticos democráticos y gremios.

    Ese día, conocido como la Masacre de El Junquito, la narco dictadura asesinó a un Inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con una hoja de servicio impecable, que la propaganda oficialista calificó de terrorista, entró por la puerta grande de la historia política contemporánea un mártir, un soldado del pueblo, un héroe popular que sacrificó su vida en aras de la democracia venezolana.

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